Fondo de Desarrollo
1.- Población Objetivo:
1.1 Aspectos demográficos
Según análisis del estudio recientemente desarrollado por el Departamento de Desarrollo “Estudio análisis de las oportunidades de mercado para la definición y estrategia de acción en políticas de fomento productivo a nivel local y regional para población indígenas”, ejecutado por Agraria Sur Limitada, la población indígena de acuerdo al censo 2002 supera las 690 mil personas, distribuidas entre las etnias reconocidas por la ley indígena como sigue: Alacalufe o Kawésqar 0,4%; Aymara 7%; Atacameña 3%; Colla 0,3%; Quechua 0,9%; Rapa-Nui 0,7%; Mapuche 87,4%; Yámana o Yagán 0,2%. De acuerdo a la encuesta CEP (2006), sobre los Mapuche, el 60,7%[1] , se concentraría en ciudades (principalmente en Santiago), y el 39,3% habitaría en sectores rurales. Esta situación ha dado la base para que se impulsen con mayor fuerza acciones dirigidas a los indígenas urbanos “las políticas públicas para el sector urbano parecen cada vez más relevantes porque dada la baja productividad de la tierra en el sector rural, se hace cada día más probable que continúe el proceso de emigración desde el sector rural”[2], sobre todo en periodos de crecimiento económico.
De acuerdo a la encuesta CASEN 2009, las personas que se declaran indígenas corresponden a un 7% de la población total. Al comparar con los resultados de encuestas CASEN de años anteriores, se observa una clara tendencia al aumento de la población que se declara indígena en Chile.
Al comparar la distribución del Censo de Población señalada en el primer párrafo, con la de la encuesta CASEN 2009, se observa que la proporción de pueblos del norte ha crecido, mientras que rapa nui, mapuche, Kawésqar o alacalufe han disminuido su proporción en el total de población indígena.
En cuanto a la distribución regional por pueblo, el pueblo aymara se concentra en Tarapacá y Arica – Parinacota; Rapa Nui tiene presencia en Valparaíso y en Santiago; Quechua en Taparacá, Antofagasta y Santiago; mapuche en Araucanía, Santiago y Los Lagos; Atacameño o Lican - Antai principalmente en Antofagasta; Coya principalmente en Atacama; Kawésqar principalmente en Magallanes; Yámana o Yagán en Los Lagos y Diaguita principalmente en Atacama. Cada una de estas regiones confiere características territoriales específicas al desenvolvimiento de los pueblos, tanto en los aspectos propios de la vida (sistemas agroecológicos, actividades económicas), como por las estrategias institucionales orientadas al desarrollo económico. Se espera profundizar en estas particularidades a lo largo del estudio.
1.2. Aspectos económicos
La economía de los indígenas rurales y urbanos difiere por las características propias del territorio donde habitan. No obstante, existen relaciones entre una zona y otra, que muchas veces dificultan el establecimiento de sus límites en términos de población, como la residencia múltiple o los grados de parentesco e intercambio económico.
La población indígena rural representa un 31,8% de la población indígena total, porcentaje superior a la población no indígena rural, que sólo representa un 11,6%. Mapuche y Yámana o Yagán son los que tienen una mayor proporción de población rural, mientras que Rapa nui, Quechua y Kawésqar son los que tienen una menor proporción.
En general, los indígenas rurales se dedican a las actividades agropecuarias, la artesanía y algunos servicios como el comercio y turismo; mientras que los indígenas urbanos en su mayoría son asalariados, aunque existe un número de personas que desarrollan actividades económicas autogestionarias. De acuerdo al Censo de población 2002, es posible inferir un universo de este tipo de unidades a nivel urbano algo superior a las 80.000 personas, considerando aquellas personas que tienen un empleo por cuenta propia o que son empleadores. La distribución de estas personas por pueblo originario.
En cuanto a las unidades autogestionarias rurales, de acuerdo al Censo Agropecuario 2007 el universo total de unidades silvoagropecuarias es de 46.354, que corresponde al 15,4% del total de unidades silvoagropecuarias censadas en el país y que en más del 90% corresponden a Mapuche.
La mayor dotación promedio de superficie utilizada se da en los aymaras, quienes se dedican principalmente a agricultura intensiva y a la ganadería de camélidos (aportando casi el 75% de esta ganadería en el país), seguido por los Yámana o Yagán (quienes tienen principalmente bosque nativo). El resto de los grupos étnicos muestra superficies utilizadas promedio relativamente bajas.
1.3. Aspectos culturales y políticas públicas
Los pueblos originarios con su herencia cultural y su fortaleza tanto social como ética, basada en la relación armónica del hombre con la naturaleza y del individuo con la sociedad, ofrecen elementos de solución a las contradicciones fundamentales que enfrenta el mundo a principios del siglo XXI; dilemas que saltan a la vista cuando evidenciamos la enorme pobreza material y la falta de oportunidades de gran parte de la población mundial, la presión creciente sobre los recursos naturales y el deterioro irreversible del equilibrio ecológico[3]. Frente a la tendencia homogeneizadora de la globalización, las culturas tradicionales aparecen como una alternativa válida para el conocimiento y desarrollo de la diversidad.
Junto al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios por parte de los estados latinoamericanos y las organizaciones supranacionales, también se han planteado nociones tales como “desarrollo con identidad”, “multiculturalismo” o “interculturalidad” que se repiten seguidamente en las políticas públicas dirigidas hacia la población indígena. Por tanto, subsiste el desafío de implementar una política cultural de la heterogeneidad, sustentada no sólo por el fortalecimiento de la “gobernabilidad” de los pueblos indígenas sino que además modelada por la práctica de su propia “gubernamentalidad” [4]. Puesto que la principal característica de la cultura en tanto dimensión simbólica de la sociedad[5], es su dinamismo e historicidad.
De acuerdo a ello, el reto trascendental consiste en profundizar la dimensión cultural inherente a las políticas públicas, a su vez, vinculada a la heterogeneidad de la población originaria. Lo que redunda en una mayor efectividad de los derechos indígenas en la legislación nacional en lo concerniente a: tierras y recursos naturales, idioma, origen étnico, patrimonio cultural y, sobre todo, autonomía y participación. Esto último se refiere al derecho de los pueblos indígenas de tener sus propias organizaciones, estructuras de gestión y proceso decisorio respecto del desarrollo económico y social, junto con el reconocimiento del sistema jurídico indígena y del derecho consuetudinario[6]. No obstante, debe comprenderse de igual manera el dinamismo inherente a las culturas tradicionales de los pueblos originarios, que encarnan la fusión de los horizontes de lo viejo y lo nuevo, una tensión constante entre raigambre y flujo; en suma, el movimiento sempiterno que invoca a la creatividad e innovación colectiva.
En este sentido, para apoyar verdaderamente el “desarrollo con identidad” se requieren tres ámbitos de acciones por realizar. Primero, fortalecer las tierras, el territorio y la gobernabilidad de las sociedades y economías tradicionales de los pueblos indígenas. Lo que en la práctica implica profundizar la participación de las comunidades en la construcción de los programas de fomento productivo destinados a ellas, a fin de incorporar verdaderamente sus requerimientos y particularidades, junto con proteger mediante una legislación efectiva los derechos sobre sus tierras y aguas.
Segundo, potenciar las ventajas comparativas de los pueblos indígenas basadas en su capital natural, cultural y social para aprovechar el espacio intercultural como base para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Lo cual supone la creación de redes y el fomento de la asociatividad para aquellos emprendimientos indígenas ya consolidados, así como generar mecanismos de certificación de calidad participativos en conjunto con las instituciones públicas y el saber tradicional de las comunidades.
Y tercero, reducir la marginalización y exclusión en los espacios de la sociedad nacional y en el sector urbano. Lo que significa encarar el problema de la discriminación a través de políticas educativas dirigidas a la población nacional, generar para la población indígena capacitaciones culturales realizadas por sabios tradicionales reconocidos en las comunidades, además de aumentar las capacitaciones técnicas y mejorar la articulación de las diversas instituciones que intervienen en las políticas productivas dirigidas a los pueblos originarios.
El primer ámbito de acción tiene incidencia en el espacio rural, la economía tradicional y el manejo ambiental indígena; apuntando directamente a la participación real de las comunidades en el modelo de desarrollo que se aplicará en sus territorios, junto el cumplimiento que dicta la ratificación del Convenio 169 para elaborar consultas a los indígenas (Decreto de Ley Nº 124) cuando existen proyectos de empresas privadas y/o estatales en sus tierras. Mientras que el tercer ámbito de acción subyace en espacios urbanos, economías de mercado y manejos ambientales convencionales, que dan cabida al dinamismo y a la heterogeneidad de los procesos imbuidos en los pueblos indígenas. No obstante, el segundo ámbito de acción se aborda desde espacios, economías y manejos ambientales interculturales, donde la dicotomía campo-ciudad se disuelve en relaciones recíprocas e integrales; ejemplo elocuente de esto es la constante movilidad indígena que se observa entre ambos espacios y los fenómenos de residencias múltiples que caracterizan a la población originaria.
2.- Programas:
A partir del rediseño implementado el año 1999, se reformularon las líneas programáticas que componen el Fondo de Desarrollo Indígena en tres áreas de acciones más globales:
Programa Subsidio al Fomento de la Economía Indígena Urbana y Rural
Programa Subsidio a la Gestión Social Indígena
Programa Subsidio a la Preinversión para iniciativas de Desarrollo
A partir de la reformulación de las líneas de acción programáticas y de la creación de los tres programas, el FDI ha orientado su gestión hacia la generación de sujetos sociales indígenas con capacidades emprendedoras y de liderazgo, así como hacia al financiamiento y consolidación de iniciativas productivas urbanas y rurales.
A partir de los resultados obtenidos durante estos períodos y del diagnóstico realizado, el presupuesto histórico del FDI y de la realidad de los pueblos indígenas de Chile, es necesario concentrar esfuerzos y delimitar el quehacer del Fondo de Desarrollo Indígena teniendo en cuenta lo siguiente:
Es necesario promover la utilización de modelos de gestión territorial, reemplazando progresivamente los modelos estrictamente sectoriales.
Es necesario apoyar la generación de sujetos sociales indígenas con capacidad de validarse ante el estado u otros organismos como contraparte para orientar las inversiones públicas y privadas.
Es necesario mejorar la pertinencia étnica de las iniciativas propuestas y ejecutadas
Es necesario articular los programas del FDI y al mismo tiempo coordinar sus acciones con las de los demás fondos de CONADI.
Es necesario generar procesos en que participen de manera activa y permanente otros actores públicos y privados, como una forma de facilitar la movilización de recursos de fomento económico hacia territorios indígenas o espacios de alta concentración de población indígena.
3.- Lineamientos Estratégicos:
3.1 Misión de la CONADI:
Es misión de la CONADI ser el organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del estado a favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional.
3.2 Visión y Misión del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI):
Nuestra visión del FDI, es aportar en la construcción de una sociedad en que los ciudadanos indígenas logren niveles de desarrollo económico y social equiparables a los del resto de los ciudadanos del país, en un marco donde se respetan y promueven sus valores y características culturales.
Nuestra misión como FDI, es invertir recursos propios o coordinar la canalización de recursos de otras instituciones, públicas y privadas, hacia personas, familias y comunidades indígenas, urbanas y rurales, territorialmente distribuidas, y que presentan condiciones favorables mínimas para la implementación de iniciativas económicas y sociales.
A partir de esta visión y de la misión que se desprende para el FDI es posible proponer un objetivo general de desarrollo, objetivos inmediatos y un conjunto de lineamientos estratégicos.
3.3 Lineamientos Estratégicos:
• Fomentar capacidades de autogestión en procesos de inversión económica y social en zonas y territorios urbanos y rurales, respetando y promoviendo los valores y características culturales de su población, así como la capacidad emprendedora de la población Indígena a través de la implementación de líneas específicas y estrategias de fomento al emprendimiento económico para la empleabilidad y microemprendimiento indígena, en materia de turismo de intereses especiales, artesanía, agricultura, ganadería, servicios, entre otras actividades, bajo un enfoque territorial.
• Fomentar y potenciar las actividades económicas de personas, familias y comunidades indígenas, asociadas a los predios adquiridos vía art. 20 del Fondo de Tierrras y Aguas Indígenas, a través de convenios de colaboración con instituciones como INDAP, CORFO, entre otras entidades públicas y privadas y del financiamiento de iniciativas de equipamiento básico vía instrumentos de CONADI. Lo anterior en estrecha relación y coordinación con el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas
• Propiciar y fomentar la formación de capital humano a través de la expansión de capacidades de liderazgo y emprendimiento, potenciando las habilidades de emprendedores y emprendedoras, en su fase inicial, para su inserción en la vida económica, lo anterior en el marco de la estrategia que involucra la participación del Ministerio de Educación, SENCE, entre otras instituciones.
• Consolidar proyectos e iniciativas económico-productivas, ya en operación y que requieren optimizar y/o innovar en sus procesos, productos o servicios, mediante alianzas con instituciones como CORFO, SERCOTEC, el sistema financiero formal e instituciones especializadas en la modernización de los procesos productivos, congruente con la búsqueda de competitividad.
• En materia de asistencia social, apoyar a la población indígena en riesgo de extinción, en el abastecimiento de insumos, bienes y servicios, para mejorar los niveles de subsistencia de las familias involucradas y para familias afectadas por catástrofes.
• Fomentar mejoras en la gestión organizacional mediante el desarrollo de capacidades de dirección de sus representantes, habilidades gerenciales y el manejo del entorno a la organización.
[1] Lo que es coherente con lo que arroja en Censo de Población 2002.
[2] “Situación socioeconómica reciente de los Mapuche en la región de la Araucanía”, Rodrigo Cerda, Estudios Públicos 113, verano 2009.
[3] A. Deruyttere, 2003. “Pueblos indígenas, recursos naturales y desarrollo con identidad: riesgos y oportunidades en tiempos de globalización”, Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C.
[4] El empleo de ambos conceptos se hace para ilustrar la relación dialógica o bilateral entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. “Gobernabilidad” es la nueva llave en el estudio de las políticas públicas, relativa al cuerpo de conocimientos y al conjunto de técnicas usadas por aquellos que gobiernan. “Gubernamentalidad”, en cambio, alude al campo y a las estrategias de acción de las agencias gubernamentales en el terreno de la vida social mundana de aquellos que son gobernados para potenciar su autonomía y participación.
Al respecto ver P. Chatterjee, 2008. “La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos”, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires.
[5] W. Assies y H. Gundermann (eds.), 2007. “Movimientos indígenas y gobiernos locales en América Latina”, Línea Editorial IIAM, San Pedro de Atacama.
[6] Banco Interamericano de Desarrollo, 2006. “Políticas operativas sobre pueblos indígenas y estrategia para el desarrollo indígena”, Departamento de Desarrollo Sostenible, Washington D.C.